El pronunciamiento del CJC se produjo después de que el concejal socialista Juan Soto presentara una moción al pleno para que el equipo de gobierno municipal, con la alcaldesa Rita Barberá al frente, retirara, en cumplimiento de la legislación vigente, los símbolos franquistas que aún perduran en instalaciones públicas municipales, entre ellas los colegios Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera; la cruz de los caídos de la Porta de la Mar; o los rótulos de las calles Colón, Marqués de Dos Aguas y otras.
La propuesta generó un agrio debate y el rechazo del PP, que dudaba de que la Ley de la Memoria Histórica afectara a estos símbolos. Así pues, propuso como alternativa solicitar un informe al CJC para que aclarara si el Ayuntamiento estaba obligado por esta norma, cuyo artículo 15.1 dice textualmente: "Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
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